España padece una situación de estrés hídrico severo, de hecho, es el tercer país con el índice medio más alto de Europa (0,32), detrás de Malta y Bélgica, asegura el informe La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros, elaborado por la consultora PwC.
Según los datos que presenta el estudio, para solventar los principales obstáculos que debe superar nuestro país – que ha identificado como la evolución climática, la escasez de infraestructuras y la falta de un marco regulatorio adecuado- se deberían incrementar las inversiones para completar un ciclo integral del agua y para evitar las pérdidas en la red, además de contar con una normativa transparente y un consenso amplio que servirían para construir las bases de una política del agua adecuada y sostenible para el futuro.
Y es que ante la importancia que este recurso tiene en la gestión de nuestras vidas y actividades cotidianas, como bien básico y vital, la preocupación por asegurarlo debería ser máxima. Tanto que la búsqueda de un nuevo Pacto Nacional por el Agua es y debe ser uno de los retos que afronte el nuevo Gobierno que encabeza Pedro Sánchez a través de su Ministerio de Transición Ecológica.
Pero hasta ahora la inversión pública en la materia no ha dejado de caer, a pesar de que disponer de las infraestructuras necesarias y el buen estado de las mismas, son claves en una óptima gestión. En los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el recorte ha sido del 1,7% en obras hidráulicas, dejando en 812 una inversión que el año anterior ascendía a 826 millones de euros.
Y todo ello a pesar de las recomendaciones de Seopan, la patronal de constructoras y concesionarias en nuestro país, que hace meses cifraba en 12.000 millones de euros las inversiones necesarias en infraestructuras de agua, repartidas en 512 actuaciones, que generarían un número necesario e importante de empleos directos e indirectos.
